La destitución del Fiscal General del Estado: Nueva Crisis del Gobierno Español

 

El 20 de Noviembre de 2025, la Sala de lo Penal Segunda del Tribunal Supremo dictamina sentencia condenatoria de 2 años de inhabilitación y multa indemnizatoria de 10.000 € al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secreto.

De momento, el Tribunal Supremo no ha confeccionado la sentencia, sin embargo, el Fiscal General ha sido condenado y quedará inhabilitado de sus funciones. El Fiscal General del Estado según la Constitución Española es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. La designación del Fiscal General compete al gobierno de turno elegido democráticamente por tanto, no existe en España separación de poderes públicos, pues todo se encuentra interconectado y los poderes se cruzan entre ellos. El poder ejecutivo ya sea el PP o el PSOE pretende controlar el poder judicial mediante el nombramiento de jueces y magistrados afines a su ideología. Esto es una vergüenza nacional y una ruptura de la democracia porque la esencia de la democracia reside en la independencia, imparcialidad, objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, es decir, los poderes públicos deben ejercer con total independencia sus funciones y desligarse del manoseo de los partidos políticos, de esa manera construiremos una democracia plena, eficiente y real para el bienestar de los ciudadanos.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la causa 20557/2024, ha dictado por mayoría de sus miembros el siguiente fallo que se anticipa:

“Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.

Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán.”

La sentencia, pendiente aún de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma. La resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas de la Sala II Dña. Ana María Ferrer García y Dña. Susana Polo García que disienten de la misma lo que determina un cambio en la ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta.

El fallo ha sido comunicado a las partes.

La sentencia deja al Fiscal General del Estado en una situación comprometida y deberá abandonar el cargo en los próximos días. El 24 de noviembre de 2025, Álvaro García Ortiz ha comunicado por carta al ministro de justicia que dimite como Fiscal General del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

“A falta de mayor concreción sobre la sentencia, de la que solo se conoce el fallo, García Ortiz anuncia su renuncia como un acto debido a la fiscalía y a toda la ciudadanía española. En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”, reivindica tras mostrar su profundo respeto a las decisiones de los jueces.

El juicio contra el Fiscal General del Estado ha sido un poco extraño porque si analizamos a los procesados tenemos a un alto cargo llamado Álvaro García Ortiz y a un defraudador de impuestos que casualmente se encama con la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El novio de Ayuso se mira al espejo y ve a un gran empresario que aprovecha una crisis sanitaria sin precedentes en España, para sacar tajada y lucrarse de forma ilegal con contratos públicos destinados a la venta de mascarillas defectuosas a un alto precio. González Amador admite y confiesa un delito contra la Hacienda Pública de 350.951 € correspondiente al impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, mediante la presentación de facturas falsas o injustificadas por gastos como alquiler de vehículos en el extranjero, elementos de higiene, reparaciones de coches de lujo, compra de relojes, etc con el fin de reducir su cuota tributaria.

El novio de Ayuso está procesado por delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. En el auto de apertura del juicio oral se refleja delitos ligados con contabilidad irregular y, junto a otros empresarios, por supuesta pertenencia a grupo criminal. El fraude presuntamente está vinculado a una operación de intermediación en la venta de mascarillas durante la pandemia. Presuntamente González Amador facturó casi 2 millones de euros, y con ellos presentó deducciones fraudulentas para evadir impuestos. En 2024 se envió un correo por el abogado de González Amador con el propósito de admitir los delitos fiscales, como parte de un intento de negociar con el objetivo de evitar la cárcel. El propio González Amador ha declarado en el juicio que no dio su consentimiento para ese correo, lo que ha generado una pieza separada en la investigación por posible revelación de secretos.

Será el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, quien tendrá la obligación de redactar la sentencia contra el fiscal general del estado. El 9 de diciembre de 2025, se hace público la sentencia que condena al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Contra la decisión del Tribunal Supremo no cabe recurso alguno, sin embargo, se abre otras opciones para batallar contra la sentencia. Para poder recurrir la sentencia, García Ortiz tendrá que recibir la resolución firmada por los siete magistrados del tribunal, con los dos votos discrepantes de las magistradas progresistas.

¿Qué recurso le queda a García Ortiz para alegar contra la sentencia? La primera posibilidad que tiene García Ortiz es presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que supone pedir que se declare juicio nulo. Es un procedimiento excepcional que permite impugnar una sentencia firme cuando un condenado considera que se ha vulnerado sus derechos fundamentales. Una vez cerrada esa vía, Álvaro García Ortiz, puede recurrir mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que de momento tiene mayoría progresista. Y la última opción sería recurrir al tribunal europeo de Derechos Humanos.

Es un duro golpe al ejecutivo de Pedro Sánchez que de momento resiste las embestidas de sus implacables enemigos políticos. ¿Veremos agotar la legislatura de Pedro Sánchez o tendremos una convocatoria electoral general en los próximos meses del año 2026?

Estos son los hechos y así te lo hemos narrado. Tuya es tu conclusión.

Espero vuestras respuestas admirados lectores.